Mucha fabricación y comercialización nacional bajo marcas extranjeras ha disminuido. A pesar de ello, estas compañías no han descartado el mercado venezolano como atractivo para el consumo de sus líneas de productos
La tumultuosa dinámica de la reciente historia venezolana ha obligado a la reconfiguración de muchos agentes dentro del sistema de producción y circulación de bienes y servicios. La reconversión monetaria, devaluación y dolarización, entre otros fenómenos, han generado una movediza estructura que obliga a todas las compañías que hacen vida en el país a adaptarse y mimetizarse con un entorno desafiante.
La industria farmacéutica no es ajena a dicha situación. En este breve artículo, trataremos de enumerar algunos de los desafíos legales que derivan de tan compleja realidad.
1. La migración de buena parte de las farmacéuticas extranjeras a modelos de distribución que requieren utilizar la estructura nacional para llevar sus productos a los consumidores. Esto implica que mucha fabricación y comercialización nacional bajo marcas extranjeras ha disminuido. A pesar de ello, estas compañías no han descartado el mercado venezolano como atractivo para el consumo de sus líneas de productos. Ello representa un reto importante que conlleva a migrar a esquemas de distribución que normalmente suponen un cambio importante en su modelo de negocios. Desde este punto de vista, para las compañías farmacéuticas extranjeras existen al menos tres desafíos importantes: (i) establecimiento de políticas de KYC (know your client) robustas que permitan escoger a los mejores socios locales, (ii) fortalecimiento de la redacción y monitoreo de las relaciones contractuales que se establezcan con los socios nacionales (contrato de distribución, licencia y/o asistencia técnica) y (iii) tercerización de procesos regulatorios y administrativos relativos a registros sanitarios y otros temas. En nuestra opinión, el reto más importante es robustecer las estructuras internas de cumplimiento (compliance). En este sentido, la recomendación es adaptar su estructura local para (i) tener políticas de ESG que fortalezcan la imagen de la compañía local y permitan un proceso seguro de adaptación con los requerimientos globales de su socio extranjero, (ii) generar esquemas de control que garanticen independencia y eficiencia en la gestión de riesgos empresariales y (iii) desarrollar políticas claras de relacionamiento con el sector público venezolano, considerando el impacto de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Venezuela.
2. Comprender el alcance de estas sanciones y su impacto en las actividades comerciales de las compañías. No es un secreto que, si bien están directamente enfocadas en el Gobierno de Venezuela, las mismas han tenido un impacto efectivo en la manera de hacer negocios para las compañías venezolanas. Para estas, es esencial desarrollar mecanismos que tomen en cuenta que las entidades bancarias estadounidenses caen en la práctica de sobrecumplimiento (overcompliance); es decir, no hay una investigación detallada de la situación planteada, e.g., transferencia de cantidades de dinero, sino que, en presencia de partes venezolanas, los revisores deciden detener la operación, lo que implica graves retrasos y obstáculos en el proceso de pagos de las compañías locales. Desde un punto de vista práctico, es aconsejable que las empresas nacionales intenten hacer los contactos previos con los funcionarios bancarios para explicar la situación de pagos y conocer la dinámica financiera de los mismos, de forma tal que se puedan justificar las operaciones a priori, sin caer en objeciones innecesarias que destruyan la dinámica necesaria del proceso de pagos propio de compañías locales que hagan negocios con compañías extranjeras.
En una próxima entrega, profundizaremos en otros desafíos legales, e.g., navegar el complejo mundo regulatorio, los criterios funcionariales y la voracidad fiscal, entre otros.
Jesús A. Dávila
·Socio de BakerMcKenzie Caracas
·Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana
·Presidente del Comité de Compliance de Venamcham
